Será en Santander:
En mayo de 2006 entrará en vigor la nueva ordenanza que obligará a las nuevas edificaciones (con más de 15 viviendas), y también a las rehabilitaciones integrales de inmuebles (en las que sólo se conserven las fachadas), a contar con instalaciones suficientes como para garantizar que al menos el 60% del consumo doméstico de agua caliente y calefacción se realice mediante el aprovechamiento de la energía solar.
Me parece fenomenal, pero ¿no es mucho pedir al sol un 60% de la energía consumida para agua caliente y calefacción? Los lectores expertos en instalaciones (que los tenemos :-), por favor, ¿nos ilustrais?
Todos los edificios nuevos deberán tener paneles solares
J. CH.
Sevilla.
Todos los edificios de nueva construcción deberán contar con paneles solares y todos los medios de transporte público usarán combustible biodiesel. Éstas son algunas de las medidas que entrarán en vigor en el conjunto de Andalucía antes de 2010 una vez se apruebe la Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética, cuyo anteproyecto fue ayer objeto de estudio por el Consejo de Gobierno de la Junta.
El futuro texto legislativo, que según el Ejecutivo andaluz ha tomado como referente el modelo alemán ante la ausencia de una normativa similar en España, persigue el objetivo de lograr que el 15 por ciento de la energía que se consuma en la comunidad autónoma dentro de cinco años proceda de fuentes renovables como el viento, el sol o la biomasa, tres recursos abundantes en suelo andaluz.
La obligatoriedad de instalación de paneles solares en las nuevas construcciones, presente ya en algunas ordenanzas municipales y en planes de ordenación urbanística, se hará extensible a todas las instalaciones dependientes de la Junta de Andalucía y a todos los edificios cuya rehabilitación supere el 25 por ciento de su valor. En cuanto al biodiésel, su uso se ha puesto en marcha de manera experimental por algunos ayuntamientos y será obligatorio para todos los servicios públicos de transporte, ya sean terrestres o marítimos.
Otra medida destacada del anteproyecto es la exigencia del llamado “certificado energético” a los grandes consumidores industriales y comerciales, de tal forma que éstos deberán contar con unas instalaciones lo suficientemente eficientes que vincule el suministro a un compromiso de uso óptimo del consumo.
A ella se une la declaración de utilidad pública de las fuentes renovables de energía para que los operadores se vean obligados a dar prioridad a su compra sobre otros de procedencia contaminante, un elemento que a juicio del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, no tiene porqué suponer un incremento de los costes para los usuarios ya que las administraciones tienen en su mano el establecimiento de medidas de corrección de precios. La declaración de utilidad pública lleva pareja la posibilidad de que la Junta pueda acordar su expropiación forzosa.
Más parcas son las referencias a las energías eólica e hidráulica, de las que únicamente se dice que su uso será obligatorio en aquellos emplazamientos aislados en los que se constate la posibilidad de su aprovechamiento.
En el caso de la energía eólica, cuya explotación no está exenta de polémica a la vista de la contestación social de algunos proyectos, tiene en Andalucía una escasa presencia, ya que la producción de los parques eólicos andaluces representa apenas el 4 por ciento del total nacional. Respecto a la biomasa, Vallejo apuntó que su consejería y la de Agricultura fomentarán los cultivos que permitan su aprovechamiento energético.
