Para no aburrir demasiado con este artículo voy a dar por terminada la serie especial sobre el anteproyecto de ley de Greenpeace y APPA para conseguir una España 100% abastecida por energía eléctrica renovable en 2050 y el 80% del total.

Después de hablar de las primas a la producción eléctrica habla de varias cosas y me sorprende que se meten de manera desordenada en realizar valoraciones ambientales y ecológicas.

El borrador censura los cultivos modificados genéticamente, de forma categórica sin más consideraciones lo que supone un radicalismo dificil de comprender teniendo en cuenta la variedad de métodos resultados para la obtención de especies modificadas genéticamente. Este es otro tema, y el rechazarlo de forma absoluta creo que es una irresponsabilidad.

El borrador dedica un apartado importante a las medidas de simplificación administrativa para la concesión de proyectos relacionados con las energías renovables. Esto está bien, y determinan que las instalaciones de baja tensión no necesitan de autorización adminsitrativa previa (con excepción de los casos en los que sea necesario un informe de impacto ambiental).

Como conclusión a este borrador me parece que tiene una vocación adecuada y es valiente por parte de Greenpeace y APPA haberlo redactado aunque en algunos aspectos me da la sensación de que ha sido un poco precipitado.

La consideración que no hace la norma, porque no es el caso, pero sí deberían haber hecho las organizaciones promotoras de este texto, es evaluar los costes reales de la sustitución de los métodos de producción de energía eléctrica actuales por las diversas energías renovables.

Según calcula el sector productor, la eliminación de todas las centrales nucleares así como la sustitución de las plantas de ciclo combinado por energías renovables supone unas inversiones de 1 billón de euros.

A esto hay que añadirle el coste de la fabricación de los biocombustibles para el transporte.

En cuanto a las primas, aunque yo no estoy demasiado de acuerdo con el sistema puedo aceptar que es la mejor solución posible. Sin embargo, las primas a la producción eléctrica choca frontalmente con la postura de la Unión Europea de que el consumidor debe pagar el coste real de la energía que consume.

Por tanto, las primas a la producción no serían necesarias puesto que sería el consumidor quien pagaría la amortización de las inversiones, incluídos los costes financieros. ¿Cuánto subiría esto la factura de la luz a los ciudadanos? Probablemente demasiado.